El 15 de julio de 2021 se expidió la Ley 2101, mediante la cual se reducirá la jornada laboral semanal de manera gradual con el objetivo de mejorar la calidad de los empleos, fortalecer la productividad y atacar algunas de las problemáticas estructurales del mercado laboral.
¿Qué se busca con esta Ley?
Se pretende reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.
¿Cuáles cambios que introdujo esta norma?
• Se modifica el Código Sustantivo del Trabajo para establecer que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 42 horas por semana, siempre garantizando el día de descanso.
• El número de horas diarias laborales podrá distribuirse de manera variable durante la semana, teniendo como límite entre 4 y 9 horas diarias como máximo.
• La disminución de la jornada laboral no implicará ninguna reducción del salario, ni del factor prestacional, ni del valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonerará de las obligaciones en favor de los trabajadores.
¿Cómo se implementará esta reducción?
La regulación de este cambio en la jornada laboral semanal, da dos opciones a los empleadores, quienes podrán a partir del 15 de julio de 2021:
• Reducir la jornada laboral de manera inmediata a 42 horas semanales, o
• Aplicar una metodología gradual en la cual se reducirá una hora la jornada laboral transcurridos dos años a partir de la entrada en vigencia de la Ley, pasados tres años se reducirá una hora adicional. A partir del cuarto año, la reducción será de dos horas por año hasta llegar a las 42 horas semanales.
¿Cuáles son las excepciones a este cambio?
• En labores insalubres o peligrosas el Gobierno podrá ordenar una reducción diferente de la jornada de trabajo.
• La jornada máxima de los adolescentes autorizados para trabajar dependerá de la edad que tengan, así: (i) entre 15 y 17 años solo podrán trabajar 30 horas semanales, y (ii) los mayores de 17 años solo podrán trabajar 40 horas a la semana.
Seguimiento en su aplicación:
El Gobierno Nacional realizará una evaluación de la aplicación de esta norma pasados cinco años y presentará informes anuales al Congreso sobre su ejecución y efectos.
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